Radonich interpone querella en contra de ex alcalde Boccazzi por presuntos desvíos de fondos de la Cormupa

Minutos después de las 10,30 horas de la mañana de ayer, llegó hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas el alcalde Claudio Radonich, con la finalidad de interponer una querella criminal en contra del otrora jefe comunal, Emilio Boccazzi Campos, la ex secretaria general de la Corporación Municipal (Cormupa), Cristina Susi Garrido, y todos quienes resulten responsables por el delito de aplicación pública diferente de fondos que estaban destinados por la Ley de Presupuestos para financiar las obras de mejoramiento de infraestructura escolar en las escuelas Portugal y 18 de Septiembre, recursos que fueron transferidos a una cuenta distinta con otras finalidades.

La acción judicial se basa en el artículo 236 del Código Penal, el cual establece que “el empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado medio, si de ello resultare daño o entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y con la misma en su grado mínimo, si no resultare daño o entorpecimiento”. 

En este aspecto, Radonich explicó que la suma total del desfalco asciende a los 215 millones de pesos, hecho en el cual se pretende esclarecer qué fue lo que ocurrió con dicho monto, en qué fueron utilizados aquellos dineros, asegurando además que hubo omisiones flagrantes de “no haber fiscalizado los fondos públicos como corresponde”.

“El año pasado nos encontramos con que habían fondos destinados exclusivamente para infraestructura, básicamente para el tema de calderas en los colegios, por un monto muy importante. Cuando llegamos, nos encontramos con este fondo que había sido utilizado en otras cosas distintas a las que estaban destinadas, y esto es un delito funcionario. Cuando llegamos para pagarles a los proveedores nos quedamos con 21 millones de pesos que teníamos disponibles. Qué pasó con los otros 230 millones de pesos, será la justicia la que deberá determinar a dónde fue a parar este dinero y quienes fueron los responsables. La idea es que alguien nos explique por qué de 4.500 millones de pesos, pasamos a 13 mil millones de deuda en dos años”, sostuvo.

Asimismo, detalló que para materializar este recurso se debió esperar a que los datos y los antecedentes fueran validados por el Ministerio de Educación, hecho que ocurrió aproximadamente hace tres semanas, donde el principal factor corroborado tiene que ver con la deuda exacta que fue informada precedentemente por el ente municipal.

Consultado por si la responsabilidad de esta desviación de fondos es atribuible de igual forma a los miembros del Concejo Municipal, Radonich señaló concisamente que “aquí hay responsabilidad de los ejecutores de las acciones, pero también hay otros órganos públicos que tienen que fiscalizar, como la Superintendencia, que no sé qué hizo en estos dos años. Pero dentro del Concejo, hubo concejales que sí fiscalizaron y otros que no lo hicieron, pero es un tema que lo tiene que ver directamente la justicia”.

El jefe comunal lamentó igualmente que se deba recurrir a este tipo de acciones legales que “ha significado que la Corporación esté en una situación muy complicada, donde las platas se ocupan mal y por eso es que esta primera querella es un tema lamentable, porque creo que no es bueno estar perdiendo tiempo ni energía en presentar estas acciones judiciales”.

Finalmente, anunció que el próximo jueves 28 del presente mes se dirigirá hasta las dependencias del Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el objetivo de que dicho órgano también forme parte de esta querella. Asimismo, adelantó que el lunes 2 de octubre se efectuará una auditoría interna financiera en la Cormupa, proceso que podría desarrollarse en un plazo de 90 días.

La Prensa Austral

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