Un juez salvó a Patricia Mireya Ojeda de irse a prisión: condenada por estafar a 29 postulantes a la casa propia

En votación dividida, este martes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en Punta Arenas, condenó a Patricia Mireya Ojeda Ojeda a la pena de 5 años de presidio por su autoría en el delito de estafa, en calidad de reiterado, en grado de consumado, en perjuicio de 29 postulantes a la casa propia. Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 11 UTM (524 mil pesos).

El fallo leído ayer sustituyó la pena privativa de libertad a Patricia Ojeda, por la de libertad vigilada intensiva, debiendo dar cumplimiento, tanto al plan de intervención individual que se apruebe, como a la exigencia de abstenerse de aproximarse a las víctimas, en especial, el domicilio de éstas, lugar de trabajo de las mismas, bajo apercibimiento de dejársele sin efecto la pena sustitutiva, para que cumpla efectivamente la pena corporal impuesta.

Los jueces sentenciadores José Octavio Flores y Guillermo Cádiz votaron porque la acusada cumpla la pena en libertad, no así el tercer juez, Jaime Alvarez, quien fue de la opinión de no conceder a la sentenciada pena sustitutiva alguna, puesto que, en su concepto, la misma no cumple con los requisitos para ello.

En efecto, agrega, pues si bien se acompañó durante el juicio un informe social a su respecto, éste no da cuenta, de modo alguno, que una intervención individual en libertad aparezca como eficaz en su caso para lograr una efectiva reinserción social. Por el contrario, el magistrado Jaime Alvarez pudo advertir durante el desarrollo del juicio que “sus características de personalidad dan cuenta de su escasa o ninguna empatía con quienes esperanzados y motivados, por ella misma, de obtener un bien tan especial como la casa propia, a sabiendas que dichas personas, casi con toda seguridad, se privaron de bienes esenciales de sus vidas, con dicho fin último de obtener una vivienda, procuró hacerse de dichos ahorros con la promesa sabidamente falaz de gestionarles una mejor opción para ello. Conducta ésta que repitió en múltiples ocasiones y que sólo pudo detenerse por causas independientes a su voluntad”.

Por otro lado, el voto disidente plantea que la naturaleza del delito supone aprovecharse de un conocimiento técnico que se posee en desmedro del desconocimiento de quienes se afectó en su patrimonio esencial, en cuanto éste estaba destinado por sus legítimos titulares, no a un eventual enriquecimiento, sino meramente a procurarse un medio tan esencial para la vida, como lo es contar con una casa básica.

Sobre la conducta posterior de la acusada, el voto de minoría manifiesta que en cuanto sino a negar los hechos, a minimizar los mismos y por cierto su responsabilidad, la mujer “no trepida en ilusionar a personas y solicitarles sus ahorros, para incluso satisfacer reiteradamente, gastos tan superfluos como pagos en el casino de juegos de esta ciudad, no obstante ella alega encontrarse también carente de casa propia para sus hijos, lo que ilustra el menosprecio hacia el esfuerzo desplegado por los afectados en la obtención de dichos recursos y la constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Cabe consignar que esta mujer fue absuelta de estafar a otros cinco postulantes a la vivienda, como asimismo de haberse apropiado de poco más de 8 millones de pesos desde las agrupaciones habitacionales Alto Alerce, Terra Australis, El Pacífico y Hebrón. En caso de haber sido encontrada culpable también de estos delitos, no cabía otra pena que cárcel efectiva.

Pese a su largo historial delictivo, con numerosas condenas por estafa y otros delitos, los jueces estimaron que su extracto de filiación y antecedentes no contiene condenas pretéritas que deban considerarse para este efecto, razón por la que no prosperó la agravante de reincidencia invocada por el Ministerio Público.

En la sentencia quedó establecido que las estafas reiteradas que afectaron a 29 personas, le reportó a la mujer una suma de 24 millones 690 mil pesos.

La Prensa Austral

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